El gobierno aprobó el pasado 30 de enero el Real Decreto Ley por el que se propone implantar el sistema 3+2 en las universidades públicas del Estado. El sistema 3+2 consiste en reducir los grados universitarios a tres años completándolos con máster de dos años, lo que constituye un aumento encubierto del precio de las tasas universitarias, ya que el precio del curso de máster es sustancialmente superior al de un curso de grado. El 3+2 sería una nueva fase de implantación de las políticas del Espacio Europeo de Educación Superior que ya inició el “Plan Bolonia”, la conocida como Estrategia Universidad 2015 (EU2015), el plan del que se han servido los últimos gobiernos para culminar la mercantilización y elitización de la educación superior. Si antes del plan Bolonia una licenciatura de 5 años valía 5.000 €, tras esté se convirtió en un 4+1, valiendo hasta 12.000 €, y ahora con el 3+2 se puede llegar fácilmente a los 15.000€.
A pesar de todo hay quien parece no querer darse cuenta de que no fue el PP el que empezó estas medidas que pusieron en marcha todo el proceso que ha llevado hasta la implantación del 3+2 a la que ahora, haciendo gala de su oportunismo, se oponen. A estos les decimos que lucharemos codo con codo con todo aquel que se oponga a las medidas neoliberales y al adoctrinamiento al que este sistema educativo nos somete, pero a los oportunistas, a los que solo buscan la foto, a los que manipulan e instrumentalizan el movimiento estudiantil con fines partidistas y electoralistas, esos no son, ni pueden ser, nuestros compañeros.
Esta medida, paralela a una degradación de los contenidos de los grados que obliga a cursar estos másteres encarecidos, nos presenta un avance de la universidad-mercado, aumentando las tasas mientras se eliminan becas. Esto provoca o bien el endeudamiento de los y las estudiantes a través de becas-préstamo o su sistemática exclusión de una universidad pública vacía de todo contenido crítico. Un espacio que ha sido convertido en un centro de producción más de mercancías, en el que se refuerzan las relaciones jerárquicas y cada estudiante se convierte en un mero consumidor y que nosotras reivindicamos como un lugar en el que los saberes se compartan, libres de los límites de la competitividad, al servicio de la construcción de una sociedad equitativa y solidaria.
También planteamos a los rectorados de todas las universidades públicas del Estado que se encuentran ante un conflicto que sólo tiene dos resoluciones posibles: o bien una negativa firme a implantar esta medida en las universidades que gestionan o una dimisión inmediata por su incapacidad de continuar garantizando una universidad pública al alcance de todas las alumnas. Si colaboran, la respuesta, no ya del movimiento estudiantil, sino de toda la clase sometida ha de ser de completa oposición a este proyecto. Que tengan claro que nos van a tener en contra.
La mejor respuesta que podemos dar ante la gestión mercantil de la educación es la construcción de organización en toda la comunidad educativa, de forma que podamos avanzar hacia un nuevo proyecto educativo que ponga la educación bajo gestión comunitaria junto con nuevas formas pedagógicas en el centro del debate, para construir así una educación libre de autoritarismos, de sexismo, de clasismo, de xenofobia…, una educación que no sirva intereses privados ni estatales sino que proporcione las herramientas necesarias para desarrollar un conocimiento crítico, en definitiva: una educación libre que enseñe a vivir en libertad.
Por esto mismo, nosotras nos plantamos ya desde la insumisión ante esta medida, manifestando que no aceptaremos la universidad que quieren vendernos y llamando a la organización en las facultades,en asambleas horizontales y de base y a la movilización en las calles. El conflicto está presente, depende de nosotras presentar batalla o meternos en su nuevo redil.